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Brota el horror en Veracruz

EL PUERTO TIENE LA FOSA CLANDESTINA más grande del País; más de 250 cuerpos exhumados en Colinas de Santa Fe

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Veracruz: Incalculable la cifra de personas desaparecidas / Ilse Huesca
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Israel Hernández / Veracruz
2017-03-17 10:37:15

Para dimensionar el grado de complicidad que hubo entre el crimen organizado y los gobiernos estatal y federal en el ocultamiento, complacencia y omisión para que Veracruz tuviera la fosa clandestina más grande del país, sólo hay que conocer el camino que lleva hasta ella:

Una brecha de 4 metros de ancho, transitable hasta para autos compactos, aledaña a una zona habitacional de interés social, a espaldas del nuevo recinto portuario y con un acceso privilegiado a la autopista Veracruz-Xalapa.

“Es imposible que nadie se haya dado cuenta de lo que sucedía aquí, de la entrada y salida de vehículos. Si eso no es con complicidad de la autoridad pues no entiendo de que otra manera se pudo hacer algo así”, dijo el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, que después de sus primeros 100 días al frente de la institución puso un pie en el predio descubierto en agosto de 2016.

Hasta ahora no se tiene claro en qué momento y bajo qué circunstancias el crimen organizado eligió este terreno para convertirlo en la última morada de cientos de veracruzanos, la mayoría asesinados con armas de fuego y en condiciones que la Fiscalía General del Estado ni la Procuraduría General de la República han podido explicar.

Y no lo han hecho porque a pesar de que las primeras sepulturas ilegales se dieron entre 2011 y 2012, el horror apenas brotó hace 7 meses después de que los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz - conformado por madres de desaparecidos- recibieron un papel anónimo con un mapa dibujado de manera rudimentaria.

Pero la falta de información también está vinculada a que el trabajo de investigación se ha concentrado en la Fiscalía de Veracruz, una institución que arrastra una serie de carencias operativas y administrativas debido al desvío de recursos públicos en el gobierno de Duarte.

Por su parte, el papel de la PGR se ha limitado al término de ‘coadyuvante’, pero no existe una carpeta de investigación abierta sobre el caso.

Las palabras corrupción, impunidad o complicidad no han ayudado a dilucidar la forma en que un grupo de sujetos cruzó por esa brecha de aproximadamente 4 kilómetros de longitud para cavar las fosas y arrojar los cuerpos sin vida de más de 250 personas, según el conteo del Colectivo actualizado al 16 de marzo de 2017.

‘LA ALBERCA’

Los buscadores que entierran las varillas de metal y remueven cientos de kilos de tierra para localizar restos humanos en el predio han llamado a una gran fosa como ‘la alberca’: se trata de un hoyo en forma de piscina de por lo menos 40 metros cúbicos, suficientes para alojar decenas de cráneos, huesos, cuerpos enteros, ropa y pertenencias de las víctimas.

De acuerdo a Winckler Ortiz, esta fosa se diferencia del resto porque para poder hacerla se necesitó de algo más que picos y palas. Es decir, se presume que en algún momento los integrantes del crimen organizado utilizaron maquinaria pesada para poder abrir las brechas y mover grandes cantidades de subsuelo.

Para que esto fuera un éxito, insiste el fiscal, alguien en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa debió hacerse de la vista gorda y voltear hacia otro lado cuando en una zona cercana a la ciudad se enterraban decenas de cuerpos.

Pero la responsabilidad no sólo quedó en las autoridades estatales, ya que en abril de 2015, un grupo de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) exhumó 5 cuerpos dentro del mismo predio.

La versión de los colectivos y del titular de la Fiscalía General del Estado coinciden en que uno de los involucrados en un caso por desaparición forzada llevó a los peritos a ese lugar, pues allí habían enterrado a las víctimas después de asesinarlas.

Una vez que sacaran los restos humanos, la PGR nunca volvió y no ha dado señales para atraer el caso que a todas luces está vinculado a la delincuencia organizada y a delitos de carácter federal.

La única instancia involucrada es la División Científica de la Policía Federal, cuyos expertos tienen la responsabilidad de obtener los patrones genéticos de cada uno de los cuerpos o restos para después compararlos con las muestras aportadas por los familiares de desaparecidos.

Si bien el trabajo de la Policía Científica ha sido crucial en la conformación de una base de datos y el intercambio de información con la FGE, esta tarea no la hubieran realizado si no es por la presión que ejerció el Colectivo Solecito de Veracruz contra el subsecretario de los Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián.

Además de la probable complicidad u omisión que caracterizó al Estado, hay que sumar malas actuaciones de sus representantes, desde el extravío de un centenar de muestras de ADN aportadas por familiares de desaparecidos en diferentes puntos del estado, hasta la cancelación de reuniones de trabajo con las madres de diferentes colectivos.

Para Lucía Díaz Genao, una de las voces de mayor peso dentro del Colectivo Solecito, los funcionarios federales y locales, incluido el fiscal Jorge Winckler, no han comprendido que su tarea es hacer lo que madres y padres hacen desde el 2016: ir hasta los lugares más recónditos en busca de sus familiares.

A inicios de marzo, Díaz Genao pidió la renuncia de Winckler Ortiz porque consideró no ha sabido afrontar el reto que representa investigar las desapariciones forzadas, apoyar la agenda de trabajo de los colectivos, indagar sobre las fosas clandestinas -incluida la de Colinas de Santa Fey perseguir a los probables responsables.

CALCULAN 2 MIL 600 DESAPARECIDOS

Se estima que desde el 2011 a la fecha, el universo de personas desaparecidas en Veracruz ronda entre los 2 mil 300 y 2 mil 600, esto según la estadística pública de la Fiscalía de Veracruz y los registros de los colectivos. Mientras que la cifra de cuerpos exhumados de cementerios clandestinos ya alcanzó los 300, informó el fiscal.

Sin embargo, las labores de identificación han sido mínimas y los resultados se reducen a 2 casos: la identificación plena de los exfuncionarios del Ministerio Público de la ciudad de Cardel (ubicada 30 kilómetros al norte del puerto) Pedro Alberto Huesca Barradas y Gerardo Montiel.

Con la protección de la Policía Estatal, entonces a cargo de Arturo Bermúdez Zurita -actualmente recluido en el penal de Pacho Viejo, Veracruz-, ambas personas fueron sustraídas de sus casas por comandos armados el pasado 15 de abril del 2013.

En el caso de Huesca Barradas, quien se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público y colaboraba en las investigaciones por homicidios en la región, fue herido de bala y llevado con rumbo desconocido.

Casi 4 años después de su desaparición forzada, las familias recibieron la noticia en la Fiscalía Regional del puerto de Veracruz: los análisis genéticos de dos cráneos encontrados en la fosa clandestina más grande de México coincidieron con las muestras aportadas por las familias.

CRISTIANA SEPULTURA

“Tengo un dolor muy grande que nunca se me va a quitar, pero también tengo la tranquilidad de haberlo encontrado y darle cristiana sepultara, que esté junto a los que también lo amaron. Ya se terminó esa desesperación de no saber dónde está. Al fin está en un lugar mejor y no donde estaba, que era un lugar horrible”, expresó Griselda Barradas, madre del joven que fue enterrado en Palmas de Abajo, su pueblo natal, el pasado 7 de marzo.

El hecho de que Griselda haya recuperado el cuerpo de su hijo no la detendrá. Está convencida de que la búsqueda de sus hijos representa una tarea que no conoce descanso y, sobre todo, que se trata de una misión compartida.

“El Colectivo Solecito ha sido una gran ayuda en todo, desde los trámites hasta la fortaleza emocional que nos damos. Sólo nosotras podemos comprender el dolor y lo que vivimos. Por más que encontremos a los nuestros, debemos darle fuerza a otras madres porque esto no para y mucha gente sigue desapareciendo”, insistió.

La ubicación de más puntos con posibles fosas clandestinas en la zona norte del puerto de Veracruz es un hecho, según confirmaron los colectivos de familiares y las autoridades ministeriales. Sin embargo, ambas partes han decidido continuar en la exploración del panteón ilegal de Colinas de Santa Fe, aunque esto represente meses o años de trabajo, tiempo y dinero.

“Quizá nos los arrebataron de nuestras vidas, pero no los quitarán de nuestros corazones. Se puede acabar todo, menos la esperanza”, sostuvo Griselda.   




Más hallazgos, ahora en Arbolillo, Alvarado

ALVARADO
AGENCIAS

Autoridades ministeriales localizaron un predio de la comunidad de Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, donde se localizaron fosas clandestinas.

Un binomio canino realizó la exploración dando resultados positivos pero se desconoce cuántos cuerpos pudieran contener las fosas.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado solicitó la autorización a un juez de control para explorar y realizar tareas de exhumación de los posibles cuerpos que hayan sido dejados por grupos delincuenciales.

El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz reconoció que la fosa clandestina de Alvarado se suma a otras localizadas en otros municipios veracruzanos, como en Sayula de Alemán, donde se trabaja también en una exhumación de cuerpos.

Por otra parte, dijo que se solicitará a un juez de control que autorice la exploración de otros terrenos ubicados incluso dentro de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, pues existen indicios de que se haya sepultado a personas de manera ilegal.

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