Isaac Wislicki Grunstein

 

El aborto inducido es una realidad mundial, incluso en aquellos países que ofrecen amplio acceso a servicios de regulación de la fecundidad con calidad de atención y a programas de educación sexual integrales. Esto significa que la interrupción voluntaria del embarazo indeseado es una opción que escogerán numerosas mujeres en determinadas circunstancias de sus vidas, desde dificultades familiares, socioeconómicas, afectación del proyecto de vida, enfermedades o malformaciones del hijo que espera, hasta embarazos que son productos de sexo forzado.

 

Es imposible elaborar un perfil único de la mujer que aborta, ya que es una práctica que adoptan mujeres casadas y solteras, mayores o adolescentes, mujeres con varios hijos o sin descendencia, mujeres con años de escolaridad o sin acceso a la educación, con buena situación socioeconómica o escasos recursos, que profesan alguna creencia religiosa o no. Esta diversidad deja en claro que cualquier mujer puede verse enfrentada en algún momento de su vida reproductiva a la decisión de practicarse un aborto, independiente del estatus legal que esta práctica tenga en el país donde ella reside. Es decir, la penalización no hace desistir de la decisión que se ha tomado en conciencia, pero sí coloca en grave riesgo a la mujer que aborta.

 

Ya que el aborto inducido involucra a un número considerable de mujeres y sus familias e incluso su entorno laboral, requiere ser abordado desde una óptica integral que considere las múltiples causas que explican su ocurrencia, y también como tema de salud pública. Además exige un enfoque basado en derechos humanos y democracia, en tanto el acceso libre a la interrupción del embarazo alude a la capacidad de las mujeres de tomar decisiones responsables y autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas a través del ejercicio ciudadano de derechos.

 

Hoy ocurren en el mundo entre 45 y 60 millones de abortos inducidos al año, de los cuales cerca de 20 millones son ilegales. La amplia mayoría de estos procedimientos ilegales tienen lugar en el mundo en desarrollo y constituyen prácticas riesgosas, clandestinas y a menudo insalubres que colocan en peligro la vida de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce que al menos 70 mil mujeres mueren cada año en el mundo por complicaciones de abortos inseguros, lo que corresponde a cerca de un 13% de las 600 mil muertes maternas que se producen anualmente a nivel global. América Latina y el Caribe no es la excepción. En la región se realizan más de cuatro millones de abortos inducidos cada año y mueren alrededor de 6.000 mujeres y muchas más sufren secuelas por las complicaciones. Cuba, Guyana y Puerto Rico son excepciones en un panorama regional generalmente restrictivo, pues aunque algunos países cuentan en sus legislaciones causales eximentes, dichas leyes rara vez se aplican. Y en el extremo más duro está Chile, México y El Salvador, que no permiten el aborto impune.

 

Este panorama mundial no hace sino demostrar que la maternidad no siempre cabe dentro del proyecto de vida de las mujeres ni es una opción libremente elegida, sino que muchas veces se relaciona con coerciones sexuales, incluyendo incesto; con falla o falta de acceso a anticoncepción moderna; con desorientación y desinformación en temas de sexualidad y reproducción, sobre todo por las televisoras; con presiones culturales y sociales sobre las mujeres para que hagan suyo el rol de madres como única vía para reafirmar su identidad. La solución, por tanto, no es la penalización y persecución a las mujeres que abortan ni a sus redes sociales que las apoyan, sino más bien intervenir en aquellos aspectos que requieren de medidas de prevención: aumentar el acceso a la anticoncepción moderna, incluyendo anticoncepción de emergencia; prevenir la violencia sexual; instaurar programas de educación sexual integrales y un enfoque de género. Lo que debe complementarse con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que requieran interrumpir su gestación.

 

Para lograr esto, se requiere un cambio educativo y cultural profundo que traduzca el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho sobre sus cuerpos y sobre su reproducción, con calidad moral para tomar determinaciones en este terreno, en la certeza de que corresponden al paso más adecuado para su vida presente y futura. ¿Están nuestros gobiernos, legisladores y planificadores de políticas públicas listos para responder a este desafío? ¿Está la sociedad dispuesta a reconocer que en las mujeres, reside el potencial suficiente como para definir cuándo, dónde y cómo optar por una maternidad voluntaria? ¿Están las mujeres preparadas para exigir dicho reconocimiento no tan solo de parte de los gobiernos, sino también de otros sectores sociales que podrían ser sus aliados?

 

Este es el desafío al que se enfrentan las mujeres, en medio de un clima internacional adverso, con corrientes fundamentalistas. Sin embargo, el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos actualmente vigente es el sustento sobre el cual nos debemos afirmar para exigir cambios legislativos en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. De allí la importancia de que las mujeres se apropien del potencial que estos instrumentos tienen para proteger su derecho humano a la salud, a la intimidad y a la honra, a decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos/as, o a no tenerlos, y a vivir una vida libre de violencias e imposiciones, que en su conjunto configuran y dan sustento a la demanda de las mujeres de una maternidad voluntaria, libre e informada.