Peniley Ramírez Fernández

DISTRITO FEDERAL.- Complemento de la serie El Equipo, que en 15 capítulos finalizados el pasado viernes ensalzó la “honestidad y eficiencia de la Policía Federal”, este lunes la Presidencia de la República estrenó un cómic para desmentir los “10 mitos de la lucha por la seguridad”.

Este soporte, colocado como blog animado en el sitio en Internet de la Presidencia, busca, según Alejandro Poiré, vocero del Sistema Nacional de seguridad pública, desmentir los “mitos que obstaculizan que gobierno y sociedad trabajemos juntos por una seguridad auténtica”, según se anunció el pasado viernes 27 de mayo.

Bajo el criterio de que la primero llamada por el presidente Felipe Calderón “guerra contra el narco”, rebautizada recientemente como “lucha por la seguridad” no ha sido comprendida por la sociedad, este espacio de comunicación se propone aclarar que sí hay estrategia y orden en las acciones del gobierno.

El formato utilizado para la cápsula de tres minutos son láminas subsecuentes similares a las que usó hace dos semanas el Grupo Televisa para promover la versión 2011 de Iniciativa México. La diferencia radica en que aquellas eran dibujos realizados “a mano” mientras el espectador veía la construcción del dibujo.

Las láminas del gobierno federal, sin embargo, son idénticas al tipo de dibujo animado, movimiento lento de los personajes y tipografía que el videojuego: ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? que narra las aventuras de una ladrona que recorre el planeta cometiendo robos.

Los jugadores en Carmen Sandiego, como se le conoce comúnmente a este juego creado en 1983 y recomendado hoy para niños hasta doce años, atrapan criminales gracias a conocimientos de geografía e historia. Con el mismo sentido didáctico y breve, la entrega hecha este lunes 30 aclara el “primer mito” contra el gobierno federal, éste es: “no hay estrategia, es sólo uso de la fuerza”.

A decir de la cápsula, éste es “falso” porque afirman que el gobierno federal “detectó el problema y diseñó la estrategia”. Colocan como objetivo “reconstruir el tejido social”, término repetido en los discursos del poeta Javier Sicilia, que no formaba parte hasta ahora de la arenga del ejecutivo.

Para lograrlo, afirman, realizaron operativos conjuntos para apoyar las autoridades locales conteniendo a los criminales; han mejorado las capacidades operativas y tecnológicas de las “Fuerzas del Estado”; tienen reformas pendientes y logradas al marco legal e institucional; una política de prevención del delito y han fortalecido la cooperación internacional.

En todos los casos, cuando aparecen imágenes de “Fuerzas del Estado” son personas con uniformes de Policía Federal. La política de prevención del delito referida son los programas sociales existentes, como Oportunidades y el Seguro Popular y la cooperación extranjera es la Iniciativa Mérida.

Faltan otras 9 entregas para “desmitificar” cuestiones que el gobierno considera básicas en este poco entendimiento social, como lo han llamado. Mientras llegan, les dejamos el link a la página y la pregunta básica, ¿qué le parece esta iniciativa? ¿Cree que es correcto la percepción del gobierno de que la sociedad ha malinterpretado sus acciones? Acá les dejamos el link al blog: http://www.presidencia.gob.mx/blog-alejandro-poire/primer-mito-no-hay-estrategia-solo-us/

Peniley Ramírez Fernández

La carrera de Javier Duarte en la búsqueda de su legitimación como gobernador veracruzano avanza en el terreno económico, pero no con pocas suspicacias, críticas y desmentidos.

La primera acción: llevar a la cárcel a varios ex alcaldes por un presunto daño patrimonial detectado por ORFIS desde 2004 a 2009 quedó a medias. Según publicara ayer Expediente 2011 aún siguen prófugos 82 ex ediles.

Además, desde el anuncio de la “caza” de los ex funcionarios se le ha acusado de “ir sólo sobre municipios pequeños”, “cuidar Coatzacoalcos, Veracruz, Boca del Río, Poza Rica” y “rasurar la lista con base en negociaciones políticas”.

Duarte tuvo que perdonar 47 mdp de posible daño de patrimonial en 2009 en Boca del Río, renunció a asestarle un golpe fatal al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares justo en los días en que estaba en curso una negociación que lo pudo llevar a ser Procurador de la República.

Tuvo, además, que entrar en una negociación con todos los partidos para reducir la cifra de alcaldes con posible desfalco. Este trato llevará además a la instauración de un nuevo código electoral veracruzano, que permita la presencia de consejeros electorales de todos los partidos.

El túnel sumergido de Coatzacoalcos ha sido otro revés: la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño patrimonial por 115 millones de pesos y la respuesta del gobernador fue la negación. Negó los retrasos en la obra, las críticas de la Auditoría, se cobijó en una investigación que realizara el INAH hace dos años en que “habían encontrado vestigios arqueológicos bajo el río en Coatzacoalcos”.

El INAH desmintió, a través de su delegada estatal. Después, el secretario estatal de Comunicaciones insistió en la versión duartista. De ahí, silencio. No ha querido hablar el INAH en Veracruz, no ha respondido a una solicitud de aclaración que hiciera IMAGEN en la ciudad de México desde el pasado 2 de marzo, no hay explicación oficial alguna que diga, al margen de los vestigios, qué pasa con el túnel.

Ahora Duarte prueba con las constructoras. Anuncia un posible daño patrimonial de mil  millones de pesos perpetrado en obras públicas en la entidad por 156 constructoras. El mismo monto de daño que declararon para la Cuenta Pública 2009. El mismo monto que ha quedado impune.

La carrera del actual gobernador busca darle la vuelta al tema principal: las cuentas de Fidel Herrera. Los anuncios de recorte al gasto público confirman las críticas sobre la forma en que el dinero público se gastó en Veracruz durante el gobierno fidelista. Los anuncios de daño patrimonial impune desde inicios de su gobierno agregan datos a esta visión.

Pero Duarte insiste en defender públicamente a Herrera Beltrán, aunque también públicamente cambia los colores del gobierno y avisa que en Veracruz hay una nueva forma de gobernar.

Quizá el camino hacia la legitimidad, que ha buscado en lo económico, estaría en definir una postura que auditara las cuentas del ex gobernador, a quien durante más de quince años le dijo todos los días: “sí, señor”.

Peniley Ramírez Fernández

Las últimas dos semanas el llamado cablegate, o la filtración de un cuarto de millón de cables clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos por la organización Wikileaks, ha sido la noticia más comentada en el mundo.

            Las notas son variadas. Comprenden la especificación de cables sobre algún país, la persecución de la Interpol al fundador del sitio, el australiano Julian Assange, por supuesto acoso sexual y violación en Suiza, pasando por las actualizaciones sobre los ataques cibernéticos que ha sufrido la página, entre otras noticias relacionadas.

Se ha dejado de lado, sin embargo, el papel de los demás periodistas, y del periodismo como ejercicio, en este fenómeno. La diplomacia norteamericana ha considerado esta filtración como “un antes y un después” en la forma de transmitir informaciones secretas. Debe también ser considerado así en términos de labor editorial.

En un reportaje fechado en París y publicado este domingo 5 de diciembre en México bajo la firma de Anne Marie Mergier, se da cuenta de cómo los reporteros, editores y expertos de los cinco medios del mundo que fueron privilegiados con la primicia de estos cables -The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel- tuvieron que actuar coordinadamente para definir líneas de información, seleccionarla, categorizarla y finalmente eliminar lo que podría ser peligroso para los implicados o no estaba bien sustentado en fuentes fidedignas.

Se cuenta, además, que Remy Ourdan, coordinador del proyecto para el diario francés Le Monde, consideró este ejercicio como una colaboración “sin precedente” entre los medios de comunicación.

Contrario a lo que podría pensarse en términos de acceder al origen de la información, los lectores leen hoy más las notas con la información “digerida” por estos medios de renombre que los cables “en bruto” en el portal de Wikileaks.

Para la prensa en español, el referente es el diario madrileño El País, que en su portal coloca un amplio espacio para los temas, con notas relativas a los cables firmadas por los reporteros o el corresponsal en el sitio al que se alude.

Varias redes sociales que han debatido el tema en estos días ya recomiendan más los “links” a las notas, firmadas por reporteros de estos medios, que los cables que las originaron.

El oficio periodístico emerge, una vez más, como un vínculo o filtro entre la información disponible y el lector dispuesto a consumirla. Como un dosificador, que además pone perspectiva causas y consecuencias, contexto, relaciones dadas por obvias en comunicaciones comunes -como la penetración de la inteligencia cubana en Venezuela, bajo conocimiento de ambos gobiernos, por ejemplo- que un lector no recurrente puede desconocer.

En una entrevista concedida hace dos años en Miami, el periodista mexicano Jorge Ramos valoraba este fenómeno con el ejemplo del avión que cayó en el río Hudson, en Nueva York. Refería: “el Internet ha democratizado el periodismo (…) el peligro es que cualquiera puede creer que es periodista y no es cierto. Cualquiera puede grabar una entrevista, un hecho noticioso, pero no cualquiera puede darte la información correcta, con los datos confirmados, ponerlo en perspectiva y con el análisis correcto”.

Aunque la filtración es nueva, como la colaboración entre medios que regularmente pelean por las exclusivas mundiales, el papel del periodismo como regulador, como orientador de la información, se destaca no mucho más allá de lo clásico. Quizá podría ser esta una insinuación de respuesta a aquellos que se preguntan ¿de qué sirven los periodistas en la era de la hiperinformación?

Peniley Ramírez

Sucedió a las cuatro y media de la tarde del lunes y el martes ya 39 mil 500 sitios de Internet contemplaban notas relativas al secuestro y asesinato de Gregorio Barradas Miravete, alcalde panista electo al municipio de Juan Rodríguez Clara, en el sur de Veracruz.

La prensa tanto de todo el continente americano como de Europa, consignaba el capítulo de este asesinato, relacionado de inicio con el crimen organizado por una declaración del procurador de Veracruz, Salvador Mikel, quien habló acerca de un supuesto “narcomensaje” hallado junto a los cadáveres del exdiputado federal, su suplente Omar Manzur Assad y su secretario particular Ángel Landa Cárdenas, en el estado vecino de Oaxaca.

El sitio en Internet Blog del Narco publicó más tarde fotos de la escena del crimen en que presuntamente es visible tal mensaje, escrito a mano sobre una cartulina verde, en que se lee: “esto le va a pasar a todos los que sigan apoyando a Los Zetas”.

De acuerdo a la prensa local, el pasado 9 de julio el Instituto Electoral Veracruzano le entregó la constancia de mayoría por haber obtenido 8 mil 774 votos a Barradas, quien pertenecía al Partido Acción Nacional (PAN) por el que fue diputado en la LX Legislatura Federal. 

En esa ocasión, dijo a sus simpatizantes: “ustedes eligieron este cambio por lo que ahora me comprometo a comenzar a trabajar y demostrarles que (…) sí podremos sacar adelante nuestro municipio, no tengo palabras para agradecer (…) a todos aquellos que aguantaron insultos, a los que aguantaron restricciones a todos ustedes que vivieron esta intensa campaña que nos favoreció”.

Sobre la trayectoria de este joven político, quien era Licenciado en Administración de Empresas, un texto de El Universal de 2006 lo presentaba como uno de los diputados federales más jóvenes. “Tiene 24 años y es el más chico de la bancada del PAN en San Lázaro. No respeta jerarquías. Muy sincero y pareciera ser un legislador al estilo vaquero. Cien por ciento campesino. (…) Usa pantalón de mezclilla, botas picudas color vino, cinturón piteado, guayabera, chamarra de piel y su inseparable sombrero”. En entrevista para este texto, Barradas declaró ser admirador del expresidente Vicente Fox, no tener antecedentes familiares de políticos y que le gustaba mucho el campo.

Sin embargo, más tarde un texto publicado en Política en Los Tuxtlas y firmado por Ricardo Bravo Martínez consignaba: “el oscuro o gris legislador federal es duramente criticado por la gente que lo apoyó a lograr tal representación social, debido a que sólo se presenta a esta zona en estado de ebriedad, montado a caballo cantando, sintiéndose todo un “Juan Charrasqueado” y un don “Juan” a la vez, pues se siente todo un galán a caballo”.

El PAN afirmó que la muerte del político es causa de la corrupción en Veracruz y exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se investigue a fondo el caso. Por su parte, el presidente Felipe Calderón respondió a través de su cuenta de Twitter pero se equivocó en el nombre del funcionario electo, a quien llamó “Gerardo” en lugar de “Gregorio”. El mensaje rezaba: “Gerardo Barradas fue un diputado panista leal y valiente, alcalde electo de Rodríguez Clara, Ver. Su muerte entristece e indigna”, aunque minutos más tarde apareció el mismo twitt, corregido.

Los tiempos en Veracruz avecinan la toma de posesión de un nuevo gobernador en apenas tres semanas. ¿Considera usted que esta noticia que ha conmocionado a la comunidad internacional pondrá focos rojos sobre el Estado?

Peniley Ramírez

            Sabemos ya todos en Veracruz que Javier Duarte será el próximo gobernador constitucional. También que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ignoró varias pruebas presentadas en el expediente relativo al proceso de campañas 2010 por considerarlas infundadas o inconstitucionales. Esperábamos todos, por ende, la declaración del hombre más cercano a Felipe Calderón en el estado, antiguo priista y exsecretario de gobierno de Patricio Chirinos. Y claro, también excompañero de universidad de Fidel Herrera.

            La conferencia de prensa del pasado jueves en Boca del Río consistió más en un discurso de víctima que en un debate con los medios. Agradeció a éstos su participación, a pesar de que parte de la impugnación consistía precisamente en un supuesto “acceso inequitativo a los medios de comunicación”.

Relató lo que considera el enriquecimiento ilícito tanto del actual gobernador que “llegó caminando y se va en un jet privado de su propiedad”, como de Duarte de Ochoa, que, afirma, “compró una casa en un club de golf en Estados Unidos a pocos meses de haber tomado posesión como Secretario de Finanzas del Estado”, durante el sexenio fidelista.

Dejó en claro que “aunque agradecía profundamente al pueblo veracruzano por esta gran victoria moral” no iba a llevar más allá de este punto el debate sobre las elecciones a gobernador.

Pero una frase en su discurso nos pone en duda. Al referirse a las intenciones del actual mandatario estatal de trabajar en una precandidatura como opción del priismo en su posible regreso a Los Pinos en el 2012, Miguel Ángel Yunes Linares dijo: de prepararle el camino, yo me encargo. Esto, haciendo alusión directa a lo que fueron sus mensajes de campaña.

            El panismo veracruzano se ha declarado como auditor de la gestión de Duarte de Ochoa, a partir de su toma de posesión este próximo primero de diciembre. Yunes le ha lanzado una advertencia a Fidel, que puede también tomarse como amenaza.

            Desde su posición política, puede convertirse desde hoy en el más acérrimo enemigo de la gestión del cordobés, y en el hombre que trabaje desde la venganza emocional y política para poner piedras en el camino a quien fuera su “amigo” en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

            Pero su historia también ha sido puesta en duda. Durante su campaña, mucha información se publicó en el Estado sobre su actuación en el sexenio de Chirinos, particularmente en el caso de los 400 pueblos. Eso, y que aún no está auditada su gestión reciente dentro del ISSSTE. Los priistas, por supuesto, tratarán de allanarle el camino al joven gobernador, utilizando como arma el alegado historial negro de Yunes Linares.

            En este momento, la piedra está en el aire. Veremos en los próximos meses cuál es la intención que subyace en este discurso, que de ser cierto podría mover las intenciones de un Estado que se ganó por un poco menos de 80 mil votos.

Peniley Ramírez / Enviada

MÉXICO, DF.- Este martes fue ratificado con voto unánime el priista Javier Duarte de Ochoa como próximo gobernador en Veracruz en la última instancia posible dentro del sistema de justicia electoral mexicano: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La diferencia: 79,472 votos. El motivo: las impugnaciones no fueron presentadas a tiempo, no se reunieron pruebas suficientes para determinar que las violaciones fueron “sustanciales y generalizadas en todo el Estado”

Algunos de los argumentos presentados por la oposición en el Estado fueron: supuesta injerencia y utilización de recursos públicos por parte del gobernador Fidel Herrera Beltrán (FHB) en la campaña de Duarte, campaña sucia en contra del excandidato del PAN-Panal Miguel Ángel Yunes Linares, inequidad en los medios de comunicación distintos a la radio y la televisión, rebase en los topes de pre-campaña y campaña por el candidato priista, violencia durante la jornada electoral y robo de papelería electoral.

Todos ellos fueron desestimados por considerar, en algunos casos, ilegal la propia argumentación o la forma en que se obtuvieron las pruebas y en otros insuficientes las pruebas presentadas para considerar como cierta la comisión del hecho pero no que ello implique la participación de la persona o institución acusada.

Sin embargo, sí declararon fundadas las violaciones en torno a la publicación de propaganda electoral relativa a Javier Duarte tres días previos a la elección, así como la no transmisión del debate entre los candidatos por parte del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y de la Universidad Veracruzana, que realizó y difundió una encuesta de carácter electoral el día de la jornada electoral y antes de la hora permitida.

Aunque el TEPJF aceptó que muchas de las pruebas del expediente no fueron revisadas antes de llegar a esta instancia, no por ello las validó sino que, en la mayoría de los casos, las declaró infundadas.

El magistrado Manuel González Oropeza, encargado de la presentación del proyecto de resolución, concluyó las quejas son infundadas porque los actores demandantes no presentaron pruebas que demuestren que “las violaciones fueron sustanciales, y se dieron de manera generalizada en todo el estado para el resultado de la elección”.

            ¿Usted, qué opina de esta ratificación? ¿Es una decisión fundamentada o demuestra que los partidos opositores no supieron presentar todas sus pruebas adecuadamente? ¿Qué significa esta decisión par el futuro del Estado?

ISLEÑOS PAGAN CARO su paso por Veracruz

Revela investigación que son un filón de oro para Migración, policías, funcionarios y crimen organizado

ACAYUCAN

PENILEY RAMÍREZ /IMAGEN DEL GOLFO Y JORGE CARRASCO PROCESO

IMAGEN DEL GOLFO

Cada día, pasan en promedio 20 cubanos por el Estado de Veracruz en su ruta hacia Estados Unidos.

De éstos, 8 de cada 10 no son registrados, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) en comparación con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) norteamericano.

En esta ruta, son extorsionados tanto por el crimen organizado como los Federales de Caminos y el propio INM en todos sus niveles.

Una investigación realizada por Imagen de Veracruz y el semanario Proceso, pone en dimensión este problema que ha cobrado cárcel para muchos cubanos quienes, al no tener dinero para sobornar oficiales en los retenes o incluso a subdelegados del INM, son deportados a Cuba bajo riesgos de pena de muerte, según criterios del Código Penal cubano.

Acusaciones directas contra funcionarios del INM por solicitar dinero a los asegurados cubanos o sus familiares, a cambio de oficios de salida, o de amenazas de entregarlos a grupos del crimen organizado, dan un rostro visible a este problema, que hoy en día representa para las redes criminales implicadas un negocio millonario.

Ello, con muy pocas posibilidades de justicia, pues al ser un caso minoritario en comparación al volumen de migrantes centroamericanos que realizan esta misma ruta, son ignorados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que no ha expedido una sola recomendación en los últimos dos años a pesar de tener registradas varias quejas relativas a violaciones a los derechos humanos de este grupo considerado por el propio INM como “muy vulnerable”.

Testimonios de numerosos casos, recogidos por esta investigación y organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional México y Sin Fronteras, dan cuenta de que los funcionarios actúan cotidianamente bajos criterios de absoluta discrecionalidad, amparados por circulares discriminatorias que fueron expedidas por el propio INM en los últimos cuatro años bajo la mirada indolente de su excomisionada Cecilia Romero Castillo, hoy registrada como candidata a la presidencia nacional del Partido Acción Nacional.

Peniley Ramírez

Cuando la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la Ley Antisecuestro con 353 votos a favor, muchos pensamos que se abría un nuevo capítulo de justicia para México. Esa noche, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, decía en cadena nacional de radio sus motivos para haber votado en contra de la iniciativa.

A pesar de que en el documento aprobatorio de esta iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal se ostentaba como una solución más que necesaria frente a la ola de violencia que hemos vivido en los últimos quince años – recordemos a Daniel Arizmendi “Mocha Orejas” a finales de los noventa- conforme han pasado los días se suman más intelectuales, periodistas y personajes de la vida pública mexicana para contradecir tales afirmaciones.

En aquel momento, Fernández Noroña afirmó categórico: esta ley es violatoria de los derechos humanos de los acusados y es una pena que se vulnere la Constitución al aprobar una iniciativa que es, finalmente, una venganza de civiles que han sufrido las consecuencias de estos crímenes. Ello refiriéndose a Fernando Martí y la señora Wallace, principales promotores “ciudadanos” de la Ley.

La violación que menciona, consiste en la reducción de garantías individuales establecidas en el primer capítulo de la Constitución Mexicana y que incluyen los derechos procesales de los presuntos responsables.

Según la información oficial difundida por la Cámara de Diputados la Ley impone penas tanto para quien secuestre, simule un secuestro, cometa un autosecuestro, un secuestro exprés, tome como rehén a alguien en un sitio público o desprotegido, maltrate, viole o prive de su vida al secuestrado, entre otras categorías. Las penas van desde dos mil a ocho mil días de salario mínimo como multa y de veinte a setenta años de privación de libertad.

En ello, aparece como “beneficios de la ley” que se establecerán tipos penales y sus sanciones, se perseguirá el delito por oficio (es decir, se abre la investigación sin necesidad de que la víctima o sus familiares lo denuncien) y éste no prescribirá, se creará un sistema integral de protección a víctimas y testigos, así como unidades especializadas en la investigación de los ilícitos en la materia, etc.

Este nivel de “dureza” es lo que ha puesto en polémica la citada Ley. Se afirma que al negar o disminuir las garantías individuales de los presuntos responsables -en un país en el que como sabemos abundan la impunidad y la manipulación por parte del Ministerio Público- los casos de inculpación (recordemos que aún hoy no se tienen pruebas condenatorias definitivas en el caso Florence Cassez) podrían multiplicarse, y con ello no sólo se mantendrían los niveles de violencia y secuestro, sino que se darían mayores armas para la extorsión y venganza a los procesados por parte de los miembros del propio aparato estatal mexicano.

En una entrevista publicada este domingo por la revista Proceso, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, afirma que en México, la Constitución Política se ha venido reformando para instalar “un derecho de calidad autoritaria”, que en la práctica ha significado una reducción de garantías y un cercenamiento de derechos que le han dado al Estado discrecionalidad para operar. “El problema fundamental es la impunidad, no la levedad de las penas, que cuando son severas son cadenas perpetuas veladas”.

No desconocemos que en nuestro México la impunidad es una constante, pero a la vez una medida, cualquiera que ésta sea, que nos brinde a todos esperanzas frente al secuestro es más que necesaria. ¿Usted qué opina? Si formara parte de la Cámara de Diputados, ¿hubiera votado en contra o a favor de este proyecto?

Peniley Ramírez

Ayer publicamos un texto en Imagen de Veracruz sobre la ayuda -que aún no ha llegado- para vivienda de parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Creo que las brigadas han trabajado muy fuertemente, también creo que sí es necesario el censo de problemáticas concretas que están realizando en los municipios afectados por las inundaciones, antes de otorgar a quién se le da la ayuda y cuánto le corresponde. Pero me sorprendió mucho la gran descoordinación entre la información oficial que manejaba el Secretario de Sedesol  Heriberto Félix Guerra, con respecto al Coordinador Estatal de esa misma Secretaría, Pedro Carlos Carrillo Cuevas.

Escribía que, ante lo inminente del caso, me resulta grave la diferencia en los datos oficiales de cuántas familias han sido afectadas y de cuándo llegará el apoyo. Hicimos un ejercicio de comparación, mientras Félix Guerra anunciaba que el presupuesto extraordinario ya estaba aprobado y comenzaría a aplicarse a partir del 10 de octubre, que concluyera el censo, Pedro Carrillo declaraba que aún no estaba aprobado y que se aplicaría a principios de noviembre.

Ambos establecieron que los apoyos se distribuirían conforme a los resultados de un censo especial, pero al consultarles sobre el avance de este proceso, Guerra anunció  tienen terminado el censo en 28 municipios, quedaban pendientes 66  y van al 90% en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, mientras que Carrillo daba por concluido el proceso en esta misma ciudad y proyectaba dentro de tres semanas el inicio de la repartición de los subsidios.

Otro dato relevante era el monto. Ambos funcionarios comentaron que los apoyos serán a través de subsidios, más que de créditos, pero el titular de la Sedesol anunció la flamante cifra de cinco mil a noventa y seis mil pesos por beneficiado, dependiendo del tipo de daño. Carrillo no tenía alguna información sobre estas cantidades. Sin embargo, esta cifra me resulta poco creíble, les comento por qué.

La mayor parte del dinero que Sedesol destina al año a vivienda para personas de muy bajos recursos -en promedio treinta millones de mexicanos que no tienen ningún tipo de seguridad social- lo hace a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). El presupuesto anual de esta dependencia es de 2 mil 200 millones de pesos. Si dividimos esta cifra entre los beneficiarios potenciales, obtenemos que, si lo repartieran a partes iguales entre todos, a cada mexicano en pobreza extrema le corresponderían 73.33 pesos para obtener una casa propia.

De ahí que me resulte muy alta la cifra por veracruzano, creo que debemos estar muy pendientes de cuánto sería ese presupuesto oficial y cómo se va a repartir realmente. Según Félix Guerra ya estaba aprobado el presupuesto extraordinario, ¿entonces por qué no dicen de cuánto es?

Finalmente, Guerra afirma que en plazo de diez días después del censo llegarían los apoyos. Por su parte, Carrillo anuncia que eso sería “antes de fin de año”. Creo que es válido el cuestionamiento que tenemos muchos en Veracruz y es el siguiente: si soy una persona afectada, y el censo determina que tengo derecho al apoyo, ¿cuándo y cómo tendría acceso al beneficio?